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Reforma a la justicia no tiene la urgencia de otros temas: Consejo de Estado – Cortes – Justicia

Reforma a la justicia no tiene la urgencia de otros temas: Consejo de Estado - Cortes - Justicia

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, habla por primera vez sobre la propuesta, vía Twitter, del Presidente Gustavo Petro para reformar la justicia y asegura que este no es el momento para ello, pero advierte que están abiertos a conocer los pormenores de la iniciativa.

(Lea: Revisión de sanciones de la Procuraduría solo aplica para quienes siguen en el cargo)

Además, por primera vez, habla en detalle de toda la polémica sobre las sanciones de la Procuraduría a los elegidos por voto popular y responde a las críticas de la jefe del Ministerio Público Margarita Cabello. Habla sobre la seguridad el fiscal y el riesgo de una «toma» del Palacio de Justicia en Bogotá.

El presidente Gustavo Petro anunció que buscará una reforma a la justicia. ¿Qué ajustes se deberían hacer?

El país tiene derecho a revisar su estructura jurisdiccional si así lo encuentra necesario, pero debe ser un diálogo abierto de cara al país, serio, planificado, mostrando las razones en cada reforma

El tema de la reforma a la justicia ha sido recurrente en la historia política nacional en los últimos 30 años. Estamos convencidos de que es necesario que se hagan ajustes en la estructura y en la funcionalidad de la justicia, con el propósito de que su servicio llegue a las poblaciones más apartadas. Sin embargo, normalmente las propuestas se han centrado en reformar las altas cortes y, sin que ello constituya un motivo de oposición, creemos que, sí, habría algunos aspectos que podrían ser revisados, pero nos preocupa es el momento. Creemos que este es un momento en el que el país siente que las Cortes están respondiendo, que le dan seguridad, que dan estabilidad institucional. Quisiéramos conocer cuáles son los lineamientos de esa reforma porque, por el momento, no los tenemos claros.

¿Qué temas, advertiría usted al Presidente, para que no sean modificados bajo ninguna circunstancia?

Yo no creo que me concierna advertirle absolutamente nada al Presidente en esa materia. Considero, sí, que hay algunos aspectos estructurales y funcionales de la justicia que en este preciso momento no sería conveniente. Por ejemplo, creo que el control de constitucionalidad está funcionado bien, el control contencioso administrativo está respondiendo, considero que la tutela debe ser especialmente preservada porque han sido una conquista del pueblo colombiano para la garantía de los derechos y me parece que hay relativa tranquilidad sobre el funcionamiento de la estructura básica de la justicia. Reitero, no tenemos ningún inconveniente, estamos abiertos a la discusión. Por supuesto, el país tiene derecho a revisar su estructura jurisdiccional si así lo encuentra necesario, pero debe ser un diálogo abierto de cara al país, serio, planificado, mostrando las razones en cada reforma.

(Lea: Presidente Petro dice que buscará una reforma a la justicia)

¿Con el momento político actual, una eventual reforma a la justicia tendría prioridad sobre las otras ya presentadas?

No, yo creería que no. Una reforma estructural a la justicia no tiene en estos momentos la urgencia que tienen otros temas relacionados con los derechos de las personas, con algunas expectativas que se han generado con las políticas de Gobierno: la reforma a la salud, la laboral, la reforma a la estructura de justicia agraria y ambiental. Son temas que están bien puestos sobre la mesa y se están debatiendo. Lo importante es que las reformas que se produzcan en esas materias sean sometidas al debate público y surtan un trámite reposado y deliberativo en el Congreso.

Ya les llegó alguna comunicación oficial?

Yo no tengo queja en esa materia. Tengo que decir que, por ahora, las reformas que el Gobierno ha planteado relacionadas con justicia, con las Cortes, han sido anunciadas, los proyectos nos han sido presentados a consideraciones. Hemos tenido oportunidad de debatirlos y mesas de trabajo con las carteras ministeriales.

La Procuraduría y las sanciones: Sala Plena decidirá

Procuradora-Consejo de Estado

Foto:

Procuraduría y Consejo de Estado

¿La reforma a la Procuraduría cumplió con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que solo un juez penal puede afectar derechos políticos? La Corte publicó su fallo y la Procuraduría puede sancionar a los elegidos por voto pero esa decisión está sujeta a un control judicial…

La Corte nos dice que puede ser cualquier juez, que tiene que ser una decisión judicial, no necesariamente un juez penal

En el fondo de ese debate hay una gran controversia sobre el alcance que debe tener el derecho internacional y lo importante es que la Corte Constitucional ha fijado una posición: se ha pronunciado sobre la exequibilidad de la ley y le ha dado un alcance. Ha habido pronunciamientos de magistrados ponentes y algunas decisiones de subsecciones en sentidos contrarios. ¿Eso es deseable? No. Pero es normal en función de la autonomía judicial, como es normal que la Sala Plena haya decidido asumir el conocimiento del caso para debatirlo y tomar una decisión unificada. A veces la prensa extraña que el Presidente del Consejo de Estado no se haya pronunciado pero es que no le concierne intervenir en las decisiones de los magistrados.

(Lea: Fallo de Corte IDH no aplica automáticamente: esto dice sentencia de la Constitucional)

¿Por qué no han contemplado presentar una reforma por su cuenta y evitar controversias?

La decisión de la Corte Constitucional contempla dos escenarios: uno, de corte inmediato que es la interpretación a la ley y otra que es una exhortación al Congreso para que desarrolle una iniciativa legislativa que regule todo el régimen jurídico de los servidores elegidos por voto popular. En ese escenario nosotros le hemos propuesto al ministro de Justicia la conformación de una mesa de trabajo para darle forma a un proyecto concertado en la materia y hemos hecho algunas reuniones preliminares que no avanzaron más porque estábamos esperando que la Corte hiciera entrega de la sentencia.

¿La forma de cumplir ese fallo es que si o si, sea un juez penal el que dicte la sanciones?

Allí reside la controversia. La corriente que interpreta que tiene que ser necesariamente un juez penal y la que dice que esa postura del derecho interamericano no armoniza con el ordenamiento jurídico interno que fue lo que hizo la Corte Constitucional. La Corte nos dice que puede ser cualquier juez, que tiene que ser una decisión judicial, no necesariamente un juez penal.

¿Qué pasa con la perdida de investidura que es un proceso judicial pero no penal y afecta de por vida la posibilidad de hacer política?

El debate por ahora se ha limitado a las sanciones disciplinarias. El tema de la pérdida de investidura es de otra naturaleza. Por ahora se encuentra claramente a cargo del Consejo de Estado Por supuesto, una vez abierta la controversia en los términos en los que está, habrá quienes quieran extenderla a esa figura, pero el criterio nuestro es que si ha funcionado bien, si se está respondiendo oportunamente en la materia, el asunto no debería ser revisado.

(Lea: Consejo de Estado dice que la Procuraduría no podía destituir a Juan Carlos Abadía)

Se ha creado controversia porque algunos magistrados han decidido no aplicar el control automático de las sanciones de la Procuraduría, ¿se está desacatando el fallo de la Corte?

El medio de control de convencionalidad es relativamente novedoso en Colombia y en la materia hay dos posiciones: quienes consideran que ese control ya fue ejercido por la Corte Constitucional y que no le concierne a ningún otro juez pronunciarse, y hay quienes consideran que ese medio debe ser ejercido por cualquier juez. Ese es uno de los asuntos de los que se ocupará la Sala Plena.

Pero, ¿hay desacato?

No, yo considero que se ha presentado un escenario en un espacio que se encuentra abierto al debate y que debe ser cerrado, por supuesto, pero que por ahora está (en estudio).

¿Cuándo puede esperar el país una decisión?

Solo puedo advertir que ya se avocó conocimiento, que hay una magistrada que está elaborando un proyecto para llevar a la Sala Plena. Muy seguramente en unos 15 días será presentado a debate y tomará el tiempo que tome.

(Lea: Procuradora Cabello critica al Consejo de Estado: ‘está creando un caos institucional’)

¿Tienen los medios para hacer ese control posterior en un plazo máximo de seis meses como dijo la Corte?

Si usted me pregunta si esta situación es deseable para el país, yo le digo no, si se está produciendo al margen de la institucionalidad y marco jurídico, digo también no.

Hemos hecho un estimativo del flujo de procesos que podrían llegar al Consejo de Estado y creemos que con el concurso de las salas especiales de decisión podemos atender esa demanda. Por supuesto, es posible que en la medida que ese flujo se incremente se haga necesario revisar la conformación actual de alguna de esas salas.

La Procuradora dijo que el Consejo de Estado está creando ‘caos institucional’ luego que se tumbaran las destituciones que en 2012 y 2015 tomó sobre Eduardo Merlano y de Juan Carlos Abadía, ¿qué le responde?

Yo la entiendo. Creo que era un escenario que era previsible, que era posible que se suscitara y que esperamos que podemos cerrar en la medida en que la Sala Plena se pronuncie. Si usted me pregunta si esta situación es deseable para el país, yo le digo no, si se está produciendo al margen de la institucionalidad y marco jurídico, digo también no.

(Lea: Corte fija fecha para debatir demandas contra la paz total del presidente Gustavo Petro)

¿Se viene una ‘demanditis’?

Es un escenario probable. Los casos que se presenten se resolverán con el procedimiento y la oportunidad que sea del caso.

¿Eso implica que las sanciones que se demanden y que hayan sido tomadas incluso desde 1991 se pueden caer?

No. No, necesariamente. Son cuestiones que habrá que mirar caso por caso, eso no se puede estimar globalmente.

La Procuradora anticipó tutelas contra esas decisiones….

Es una vía posible para resolver el tema. Si se incoan esas tutelas es factible que la Corte Constitucional termine pronunciándose de nuevo. ¿Qué ese sea la solución definitiva? Habría que mirar. Yo creería que este tema se decanta en la medida que la Sala Plena se pronuncie.

‘No hay golpe blando’

Margarita Cabello - Presidente del consejo

Controversia por el caos institucional

Foto:

Suministrada a EL TIEMPO

¿Cómo va la relación con el Presidente? ¿Se limaron asperezas ante los pronunciamientos que se hicieron cuando se cayó la elección de Roy Barreras o la del Contralor?

La relación entre el Ejecutivo y el órgano judicial de control siempre será compleja y en medio de esa complejidad, por el momento, hemos tenido algunas circunstancias de crisis que nos han llevado a la mesa y hemos podido conversar con el Presidente y han sido conversaciones productivas en las que se el señor Presidente ha sido claro en afirmar que él no tiene motivo alguno para controvertir con el Consejo de Estado. Yo creo que a las personas hay que creerles lo que dicen.

¿Cuál es su opinión sobre el ‘golpe blando’ del que habló el Presidente?

Una semántica política me parece a mí. Me parece que es un tema que ha sido planteado no solo por el Presidente de la República sino por sectores de la política nacional y que puede ser entendido de diversas maneras. Una en el sentido de advertir que puede haber un movimiento de opinión proclive a la desestabilización del Gobierno. Otra, como un planteamiento para blindar al Gobierno de la crítica y de la oposición. Y yo pienso que, como suele ocurrir en política, las cosas no deben verse en blanco y negro, hay matices. Y no veo, en mi opinión, motivo para hablar de golpe blando.

(Lea: Corte alerta por casos de servidores judiciales a quienes les niegan sus vacaciones)

¿Qué responderle a sectores que dicen que hay una parcialización de las decisiones del alto tribunal?

Las decisiones que toma el Consejo de Estado en cuanto tienen que ver con actos administrativos de claro impacto político pues son susceptibles de interpretación en función de sus efectos. Yo respondería que no está bien juzgar la motivación de los actos en función de sus consecuencias. Es claro que una decisión que invalida un acto electoral (una elección) tiene impactos en la representación política, pero de ahí no se puede inferir, como lo hacen algunos sectores ligeramente, que hay decisiones que están motivadas en consideraciones de política partidista. Creo que las personas que se pronuncian en esos términos le hacen un flaco favor a la institucionalidad.

La situación del Fiscal

La Comisión Interinstitucional ha llamado al Presidente cuando este dijo erróneamente que era el Jefe del Fiscal. En varios sectores se cuestionó que las Cortes no hicieran comentario algún ante la actitud del Fiscal en relación con el Presidente, ¿es así?

Opino que no es exacto lo que se está afirmando. La Comisión Interinstitucional sí se pronunció, sí hizo un llamado al país, a todas las fuerzas vivas y a todos los titulares del poder público, para que guardaran mesura, ponderación en la materia. Y en su momento consideramos, después de una reunión con el Presidente, que el tema había sido suficientemente aclarado y que no había lugar a seguir recabando en el tema.

El fiscal pidió medidas cautelares ante la CIDH alegando que su vida está en riesgo, ¿eso quiere decir que la justicia colombiana es insuficiente puede proteger al Fiscal?

Yo creo en la fortaleza de las instituciones jurídicas colombianas, creo en la fortaleza de la institucionalidad judicial colombiana pero, el señor Fiscal está en todo su derecho, como cualquier colombiano. Pero, sobre todo, como Fiscal General, está en el derecho de pedir la protección de instancias internacionales si considera que la amenaza que ha recibido trasciende la capacidad del Estado Colombiano para protegerlo. Indudablemente las dimensiones de la criminalidad, no solamente en Colombia sino en América Latina, lo estamos viendo en los países vecinos, son de tal calibre, que permiten pensar en la necesidad de un respaldo internacional.

¿Hay que preocuparse por la seguridad del Fiscal?

Creo que la seguridad de todos los colombianos es en estos momentos preocupante y, por supuesto, el señor Fiscal ha asumido un actitud valiente y una actitud de vocería de la institucionalidad frente a desarrollos de la criminalidad colombiana, que lo hacen un sujeto especialmente vulnerable en estos momentos.

Hay riesgo de una toma del Palacio de Justicia

¿Hay alguna situación de seguridad en relación con el Consejo de Estado?

No considero que tengamos riesgos mayores de seguridad excepto por las circunstancias especiales de protección por las instalaciones en que las Cortes desarrollan sus labore, en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. Son instalaciones que han estado expuestas a la presión de sectores que protestan de diversas maneras y de diversos tópicos y no quisiéramos pensar que la fragilidad en las medidas de seguridad del Palacio pueda conducir a una toma, así sea temporal, del Palacio de Justicia.

¿Hay riesgo de eso ocurra?

Nosotros alertamos sobre el tema y hemos notado alguna reacción de la fuerza pública pero sería deseable que esas medidas no sean esporádicas sino sistémicas.

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Fuente de TenemosNoticias.com: www.eltiempo.com

Publicado el: 2023-08-20 02:55:27
En la sección: EL TIEMPO.COM – Colombia

Publicado en Colombia